las mafias del narco ya votaron en Ecuador

Una mirada incluso ligera sobre el presente ecuatoriano entrega, inevitable, la postal de una comarca perdida. Las imágenes de un derrumbe que no fue evitado a tiempo. Es el contexto en el cual los ecuatorianos votarán este domingo al sucesor del presidente Guillermo Lasso. 

Son elecciones cruciales, pero que funcionan como un faro que ilumina esas calamidades, y que difícilmente logren despertar al país de su pesadilla. Es así porque las mafias del narcotráfico votan desde hace días con un reguero de muertes para marcar donde radica el poder real. El más conmocionante de esos crímenes ha sido el del candidato presidencial anticorrupción, Fernando Villavicencio, pero no fue el único.

Días después acribillaron a Pedro Briones del partido Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa. Intentaron asesinar a la postulante al Parlamento, Estefany Puente, y antes cayeron bajo esas balas el alcalde de Manta, Agustín Intriago y los candidatos a intendente de Puerto López, Oscar Menéndez y de Salinas, Julio Cesar Farachio.

En la televisión se multiplican las coberturas periodísticas de víctimas decapitadas del crimen organizado, la acción de autos bombas y la aparición siniestra de cadáveres de personas jóvenes colgando de puentes.

Esas mismas pantallas muestran a los candidatos vistiendo chalecos antibalas en sus actos de campañas, incluso, como el caso del ex presidente Abdalá Bucaram, con esa protección durante el debate electoral de la noche del pasado domingo.



Christian Zurita, con su chaleco antibalas, habla con los periodistas. Es el relevo de Villavicencio, también periodista de investigación. Foto AP

Hace pocas horas, Christian Zurita, el ex periodista y relevo de Villavicencio en su partido Movimiento Construye, apareció en un video con miles de reproducciones, también con ese escudo. En el mensaje denunció a cinco legisladores que el candidato asesinado había marcado en escritos a la justicia como involucrados en un posible atentado por medio de sicarios contra su vida, lo que acabó ocurriendo.

Entre los señalados hay cuatro de la formación que lidera el ex presidente Rafael Correa, blanco de las investigaciones de corrupción que encabezó el político muerto.

Efectos del magnicidio​

El magnicidio tiene efectos políticos. Las encuestas que sostenían la casi segura victoria de la legisladora Luisa González, postulada por Correa, ahora indican un posible giro hacia Zurita, como reacción emocional a ese crimen que dejó a la vista el protagonismo de una mafia que convirtió al país andino en el mayor exportador mundial de cocaína.

Un dato menor en ese escenario alcanza para constatar hasta qué extremos están amarradas las manos de las autoridades. El gobierno ordenó el pasado 12 de agosto el traslado a la prisión de máxima seguridad La Roca de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado el criminal más peligroso de Ecuador.

Es el cabecilla de la mafia de Los Choneros que disputa el poder con Los Lobos, ambas organizaciones prebendarías de los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

La decisión del Ejecutivo se basó en que este individuo atacó públicamente a Villavicencio porque el político lo nombraba en la campaña como un ejemplo del crimen organizado que el país debía amputar de un solo tajo.

Pero cuando se realizó el operativo, una escuadra impactante de al menos 150 hombres en potentes motocicletas, presumiblemente armados, llegaron hasta La Roca, bloqueando la ruta principal, para exigir el regreso de Fito a la cárcel regional de Guayaquil, donde estaba recluido y que era su guarida y la cabecera de su banda criminal.

Es un hecho revelador de otra circunstancia también gravísima. El gobierno ha perdido hace tiempo el control de los penales, mutados en los cuarteles desde donde operan y mandan las dos mayores organizaciones narco del país.

Desde allí compran la obediencia de sus carceleros, de los magistrados, el funcionariado y así en toda la escala, como denunció Villavicencio en su legendario Libro de Arroz, una compilación realizada junto a Zurita que reveló cómo agentes públicos gestionaban millones de dólares en sobornos durante el correísmo.

Fueron esas pruebas las que la justicia tomó para condenar a Correa a ocho años de prisión, razón por la cual el ex jefe de Estado vive refugiado en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, y que carece de acuerdos de extradición con Ecuador.

El ex presidente Rafael Correa. Foto EFE


El ex presidente Rafael Correa. Foto EFE

Una victoria en estas elecciones le permitiría al ex mandatario Correa construir una salida de ese encierro legal, que atribuye, al igual que sus aliados del eje bolivariano, al fenómeno del lawfare, la coartada que inmunizaría a estos líderes de la pesquisa judicial, como sucede en Argentina con la vicepresidente Cristina Kirchner y revolea Donald Trump en EE.UU. con la versión «caza de brujas».

El expresidente guarda esperanzas consistentes para ese propósito. En febrero pasado su partido Revolución Ciudadana se alzó con las alcaldías de las dos principales ciudades del país, Guayaquil y Quito, entre otras cinco importantes urbes.

Una victoria aplastante, que se sostuvo en la memoria de la etapa de distribución que hubo durante sus gobiernos, cuando el petróleo y la minería tocaban precios en las nubes. Un ciclo que se apagó.

Recordemos, de paso, que Correa mantuvo la dolarización del país, un artefacto que gana peculiar notoriedad hoy en la región. En Ecuador fue inagurado el 9 de enero de 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad. Lo hizo, cuando no, como reacción a la disparada incesante de la divisa. No fue fácil.

En ese momento un dólar costaba 5 mil sucres. Cuando se dolarizó, el valor saltó a 25 mil sucres, lo que desató un oleada de protestas populares que acabaron por derribar a Mahuad. Pero su invento persistió por el apoyo popular a un sistema que entendían que estabilizaba el país y que, a su modo, también aprovechan los narcos.

Desafíos

De regreso al presente, aquel triunfo de Correa en las regionales de febrero pasado liquidó literalmente al gobierno de Lasso quien, en minoría en el Congreso, comenzó a sufrir un creciente acoso que se concretó en una maniobra vidriosa para inculparlo de un supuesto delito y forzar su impeachment.

Para evitar ese destino, el presidente disolvió constitucionalmente el Congreso y canceló su propio ciclo Ejecutivo, llamando a elecciones anticipadas. Las de este domingo.

Como señalamos, esas urnas tienen un desafío por encima de sus posibilidades. En pocos años, debido a una combinación letal de complicidades e ineptitudes, Ecuador se convirtió en una herramienta ideal para los carteles que operan en Perú y Colombia donde existe un boom de plantaciones de coca lo que incrementa las urgencias para su monetización.

El puerto de Guayaquil, uno de los de mayor actividad en Sudamérica, es un punto clave del tráfico de drogas por la laxitud de los sistemas de vigilancia. Pasan por ahí, según datos recopilados por The New York Times, 300.000 containers cada mes, pero las autoridades solo pueden revisar un mínimo.

La droga es llevada oculta en envíos de frutas, de cacao o artesanías y son receptados por una red muy sofisticada y eficiente en el norte mundial. Se trata de 700 a 800 toneladas de cocaína anuales, según el académico Fernando Carrión, especialista en seguridad ciudadana.

La mayoría se envía a EE.UU. y también a Brasil donde hoy es récord el consumo. Otra parte sigue a Europa y un resto se queda en Ecuador. Para calibrar de qué se trata, obsérvese que un kilo de esa droga. que se transa en unos 2.000 dólares en la región. escala a casi 30 mil en el norte mundial, ilustran los expertos.

Chequeos en las calles por patrullas del ejército, la postal de un país en crisis. Foto EFE


Chequeos en las calles por patrullas del ejército, la postal de un país en crisis. Foto EFE

El trasfondo de esta pesadilla autodestructiva son los Estados imperfectos, por decir lo menos, que, desde el regreso de las democracias, cuatro décadas atrás, en general no alcanzaron la altura que se esperaba. 

Un informe de Latinobarómetro, la encuesta superlativa de la región que dirige la socióloga Marta Lagos desde Chile, sintetizó recientemente que a lo largo de ese periodo, nada menos que 21 presidentes fueron sentenciados por corrupción, nada de lawfare, 20 no terminaron sus mandatos hundidos en crisis sin salida y un tercio violó abiertamente las normas de la democracia y los registros institucionales.

Es por eso que, junto al golpe de las crisis económicas crónicas, esa organización registra una caída del 63% al 48% en el apoyo regional al modelo democrático y que una mayoría de casi 80% considere que los partidos políticos no solo no sirven sino que son parte primordial del problema.

Por las grietas de esas disfunciones es por donde gana espacio el crimen organizado. Ecuador es un ejemplo decisivo de esta anomalía que no contempla reversas sencillas. El analista Pedro Donoso advierte en ese sentido que el asesinato de Villavicencio es un punto de inflexión: “Lanza un mensaje político contra la democracia, busca demostrar que los delincuentes son los que imponen las reglas”.
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