La primera reunión celebrada ayer en el seno de la Unión Europea para que Bruselas acepte la propuesta española de que el catalán, el euskera y el gallego formen parte de las lenguas oficiales de la UE fue acogida con bastante frialdad por parte de los Veintisiete. Y esta falta de entusiasmo podría transformarse, para las aspiraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, en un jarro de agua fría el próximo martes cuando se reúnan en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión. De este modo, una de las propuestas estrellas de La Moncloa junto a la amnistía a los líderes del ‘procés’ a fin de buscar el apoyo de Junts, ERC, Bildu y PNV para garantizarse el apoyo de nacionalistas y separatistas en el intento de investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, una vez fracase la de Alberto Núñez Feijóo, podría desinflarse y no buscar el efecto deseado de contentar a sus socios de investidura.
Los Estados de la UE solicitaron ayer a España un dictamen de los servicios legales del Consejo Europeo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento del catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales dentro de la Unión.
Esta posición desvanece las opciones de llegar a un acuerdo el próximo martes, pese a que el Ejecutivo aprovechando la presidencia de turno de España en la UE se ha ofrecido a que sea nuestro país quien asuma el coste del uso de estas lenguas cooficiales.
El encuentro mantenido ayer en Bruselas fue a nivel de embajadores, que debían preparar la reunión del martes a fin de modificar de manera exprés el reglamento sobre lenguas oficiales. Y la palabra que más se escuchó fue la de «dudas», respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en el coste, indicaron fuentes europeas a EP. Además, este tipo de acuerdos requiere el voto unánime de los países del bloque y 14 de ellos muestran serios reparos.
Varios diplomáticos consultados apuntan que nadie comparte el «sentido de urgencia» que traslada España, porque el resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.
También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los tratados de la UE, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por nuestra Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible efecto dominó que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales. Varias delegaciones ya han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido «en detalle a nivel técnico» y aseguran que «es muy pronto para tomar una decisión».
Suecia y Francia, muy críticos
El pasado miércoles, Suecia fue el primer gobierno en mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar «más a fondo las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta». Bélgica y Países Bajos tienen las mismas dudas.
Finlandia advirtió ayer de que el uso de estas tres lenguas puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas. Y otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos, ya que abrir este debate podría generar un efecto llamada que despierte reivindicaciones similares en otras regiones con lenguas minoritarias.
