Fallece un preso político del 11-J por negligencia de las autoridades carcelarias cubanas

El prisionero político cubano Luis Barrios Díaz falleció este domingo en el hospital La Covadonga, en La Habana, por negligencia de las autoridades penitenciarias, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La ONG, con sede en Madrid, explicó que Barrios Díaz, de 37 años de edad, presentaba problemas respiratorios desde el mes de agosto último, por lo que había sido ingresado en la enfermería de la prisión 1580, del municipio San Miguel del Padrón, en la capital cubana, y posteriormente trasladado al hospital antes mencionado para recibir atención especializada.

Pese a la advertencia de los médicos sobre la necesidad de mantenerlo hospitalizado debido a su gravedad, las autoridades del penal decidieron devolverlo a la prisión, alegando falta de combustible para garantizar su vigilancia permanente; esto provocó un empeoramiento de su estado de salud.

El sábado, después de una intervención quirúrgica de urgencia, el preso político falleció producto de complicaciones respiratorias.

Según señaló el OCDH, «en un intento de librarse de su responsabilidad» ante la negligencia, las autoridades cubanas tramitaron con «celeridad inaudita» una licencia extrapenal para Berrios Díaz.

En enero de 2022, Luis Barrios Díaz fue sentenciado a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de «desorden público» y «atentado», por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11-J).

Prisoners Defenders registra actualmente la cifra de 1.062 prisioneros políticos en la Isla, la mayoría de ellos tras el 11-J, quienes están sufriendo condenas judiciales o limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial o defensa jurídica.

Por su parte, el OCDH reiteró la exigencia de «liberación inmediata de todos los presos por motivos políticos y de conciencia y recuerda que, aunque es un asunto de voluntad política, el régimen cuenta con al menos ocho vías jurídicas para excarcelar o liberar de manera inmediata a todos».

Salud deteriorada de otros presos

De igual forma, la organización recordó que «varios presos políticos tienen su estado de salud deteriorado, como es el caso de Félix Navarro y José Daniel Ferrer, y que, según las Reglas Mandela de la ONU, la prestación de servicios médicos adecuados a los reclusos es una responsabilidad del Estado».

La pasada semana, Navarro, de 70 años de edad, fue trasladado de la prisión de Agüica al hospital Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas y poco después devuelto al penal.

Navarro es un reconocido preso político de la Primavera Negra de 2003; fue condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales del 11-J.

El OCDH pidió igualmente «el pronunciamiento de los gobiernos democráticos y de la Unión Europea» respecto a la grave la situación de los prisioneros políticos en la isla.