Amnistía Internacional denuncia a Maduro por recrudecer las detenciones, torturas y desapariciones forzadas

Las «vidas detenidas» que sufren los venezolanos disidentes que han sido encarcelados arbitrariamente por motivos políticos claman a los organismos internacionales por una justicia y reparación de daños, lo que en Venezuela no consiguen. Son 15.803 víctimas registradas durante estos 10 años del régimen de Nicolás Maduro.

Amnistía Internacional presentó este martes su último informe, «Vidas detenidas. Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela», en el que denuncia la política sistemática de represión implementada por el Gobierno de Maduro y documenta nueve casos de personas que se encuentran arbitrariamente detenidos. La AI exige su liberación inmediata e incondicional así como la de otros 300 presos políticos.

«La evidencia demuestra que la política de represión del Gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela», dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.

«Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas, maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes. Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del Gobierno», añadió al señalar la impunidad con la que actúan el régimen y sus perpetradores.

Las nueve víctimas de detenciones documentadas en la investigación y que forman parte de un patrón represivo son: Emirlendris Benítez: madre y comerciante, detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, matrimonio y profesionales, con doble nacionalidad de España e Italia, detenidos en marzo de 2019; Roland Carreño, periodista y activista político, detenido en octubre de 2020.

También Guillermo Zárraga: exsindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020; Darío Estrada: ingeniero y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020; Robert Franco: profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020; Javier Tarazona: defensor de derechos humanos y preso de conciencia, detenido en julio de 2021 y Gabriel Blanco: activista y trabajador humanitario, detenido en julio 2022.

En la rueda de prensa participaron Diannet Blanco, activista de DDHH y esposa del detenido Gabriel Blanco; el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob; Marta Tineo, abogada y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón; y el chileno Francisco Cox, miembro de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Arrestos arbitrarios

Gonzalo Himiob destacó en su intervención que detrás de cada preso político hay todo un conjunto de personas, familia y conocidos que resultan afectadas. «En los 10 años de Maduro ha habido 15.803 arrestos políticos arbitrarios, de los cuales 9.440 han seguido procesos judiciales. De los 282 presos políticos hay 156 que no han sido condenados y 126 que han sido imputados por delitos injustamente».

«Es por ello que las autoridades venezolanas están siendo investigadas penalmente por la Corte Penal Internacional, por tribunales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal, y sujetas al escrutinio de las Naciones Unidas bajo el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La presión de la comunidad internacional no puede ceder», dijo Erika Guevara.

Por su parte, Francisco Cox, el representante de la Misión de la ONU, acusó directamente a Nicolás Maduro y a su segundo en la cadena de mando, Diosdado Cabello, de ser los responsables de las torturas y represión que cometen contra los venezolanos y manifestantes de protestas.

«Maduro y Cabello deciden a la persona o grupo que van a ser detenidos, a través de los asesores cubanos que filtran al Dgcim y el Sebin (organismos represivos), persiguen e intervienen los teléfonos de las víctimas u objetivos políticos, luego bajan las instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez extiende las órdenes a los jueces y tribunales de primera y segunda instancia para cometer los delitos de lesa humanidad», aseguró Fox.